Más allá de las críticas pro-consumo: ¿son suficientes las medidas de ahorro de energía?

Antulio Rosales.- El pasado 21 de octubre de 2009, el presidente Hugo Chávez anunció la creación del Ministerio de Energía Eléctrica, así como un conjunto de otras medidas para racionalizar el uso de la electricidad, el agua y otros recursos escasos. En este contexto, el Presidente ordenó iniciar un plan de ahorro en las instituciones públicas y una campaña general a la sociedad para incentivar la conciencia en el consumo. Además, se planea provocar lluvias por medio de aviones especializados para elevar el nivel de agua en la represa nacional del Guri. Por otro lado, se anunció la compra de una nueva ola de bombillos ahorradores.

Estas medidas representan un paso de emergencia debido a las pocas lluvias de la temporada y al aumento sostenido de la demanda en energía eléctrica que presenta el país, dado el crecimiento económico de los últimos años y mayor acceso a la energía entre sectores tradicionalmente excluidos.

Algunas críticas han surgido desde el mismo momento del anuncio y se enfocan en el no sorprendente deseo de consumo desmedido que vastos sectores de la población mantienen, no sólo de energía sino de cualquier bien no renovable que ofrezca la naturaleza y la sociedad.

Por otro lado, cabe preguntarse si resulta necesario crear nuevas instancias burocráticas para que un grupo de medidas perentorias se lleven a cabo en el país. Sin embargo, las medidas como tal, parecen aún tímidas y la coyuntura es propicia para fomentar otras políticas más profundas que incentiven un cambio radical en la sociedad. En Venezuela el consumo de energía es indiscriminado. Para comenzar, el precio de la gasolina, las políticas de apoyo al consumo de vehículos (Plan Venezuela Móvil, entre otros) y el estado del transporte público incentivan el uso vehículos personales en vez de transporte masivo. El agua y la electricidad parecen servicios dados (¿por quién?) que nos corresponden de manera abundante y sin reparo a las y los venezolanos. Si bien éstos representan bienes necesarios para la vida y deben estar garantizados, también son agotables y su consumo indiscriminado representan una huella irrecuperable para el planeta y los seres que en él (sobre)vivimos.

Resulta fundamental comenzar a repensar nuestra relación con la naturaleza y la sociedad en general. Y esto pasa por reconceptualizar nuestro consumo. El Estado tiene la obligación de regular no sólo la energía cuando ésta es escasa, sino también aquellos bienes que representan un peso para producción y reproducción social. No hace falta estadísticas para saber que el consumo de material no biodegradable en Venezuela es exagerado: cada bandeja de anime, bolsa de supermercado o bodega, cada pitillo, removedor, etc., tienen a lo sumo minutos u horas de vida útil, pero se degradan en mucho más tiempo. ¿Qué o quién hace de estos productos bienes necesarios? Estos materiales, además, agravan el ya terrible problema de la administración de desechos sólidos en Venezuela.

Existen ordenanzas que pueden servir de modelo para futuras políticas en nuestro país. En Argentina entró en vigor una ley que prohíbe el uso de materiales no biodegradables en mercados y supermercados, al tiempo que promueve la adopción de nuevas tecnologías amigables para el ambiente (ver http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133429-2009-10-14.html).

Un primer paso para la política pública nacional es preguntarse cuán viable es la construcción de una sociedad que trascienda al capitalismo y sus males tangenciales (consumismo, individualismo, egoísmo, derroche, depredación de la naturaleza, etc.) si esta se erige sobre la base de la producción, consumo y exportación de hidrocarburos…